LA CORNADA
Por Renecio del Rincón t.
El patriotismo moderno, el único patriotismo verdadero es la lealtad a la Nación
todo el tiempo, y la lealtad al Gobierno sólo cuando se la merece…”
-Mark Twain.
“Líderes sociales emblemáticos”…
Una vez más, el más augusto -y el más opulento- de los 3 poderes del Estado mexicano, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con sus procederes da pie para que sea el tema central de otra polémica entre los que de esas cosas saben: Atrae la Corte el espinoso caso de la guardería ABC en Sonora, y su fallo no deja satisfecho a ningún bando político… Veamos, la izquierda mexicana en voz de su más fiel y preclaro oráculo mediático Granados Chapa, deplora amargamente que no hubiera tenido la ‘audacia social’ de tomar a su cargo más ambiciosas funciones de índole política y social, esbozadas en la Constitución vigente (hechura de Obregón) con alguna ligereza ideológica, y que por ello no han sido debidamente reglamentadas desde 1917. Señala don Miguel Ángel su desencanto por su renuncia a “una mayor actividad en la protección y desarrollo de los derechos humanos” y a un mayor involucramiento en “el ámbito pesquisitorio”… Funciones que se antojan redundantes y duplicatorias a las que les atañen directamente a la ya existente y casi intolerable Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y en el campo de la investigación del delito, pues a la Policía en sus distintos y variados niveles.
Unos cuantos días después, el cáustico y celoso guardián de la trinchera derechista, don Jaime Sánchez Susarrey parece contestar los sesudos argumentos esgrimidos por el staff Granados, al hacer un poco de historia en torno a doña Constitución y afirma: “La fracción del artículo 97 (no reglamentado) que habilita a la SCJN a hacer indagatorias es una contrahechura del Constituyente de 1917”, y sobre el proyecto aprobatorio remacha: “De haber sido aprobado, el engendro del 17 se habría convertido en un verdadero Frankestein en el 2010”… Recuerdo yo que precisamente eso fue lo que sucedió al pretender Calles poner en pleno vigor la Constitución de 1917 en el ámbito religioso: El Frankestein resultante lo fue la insurrección cristera de 1926.
Abunda al tema Susarrey, cuando analiza el proyecto del ministro Zaldivar y le supone la intención de concebir a la Corte como la mayor autoridad política en el país, intención real o imaginada que queda hecha añicos al recordarles que en una democracia las autoridades políticas son electas por la ciudadanía, requisito ausente para el Poder Judicial, invariablemente designado. En similar tesitura, dicho proyecto también concebía como “garante supremo con la mayor autoridad moral” a la susodicha Corte, con lo que se equipararía con la Santa Inquisición colonial, que tampoco reconocía derecho alguno a los inculpados… Aboga el editorialista por la reforma al citado artículo para liberar a la Corte de esa clase de predicamentos, tal y como lo hizo al eliminarle el párrafo concerniente a realizar indagatorias sobre procesos electorales, que para eso se creó el IFE. Desde luego debe admirar a todos los mexicanos la ligereza y discrecionalidad de la Corte en su sospechosa elección de casos atraídos por ella: ¿Por qué ABC sí y Acteal no, al igual que en el ’82 se plegó sin decir ni pío a la inconstitucional expropiación de la Banca privada por ‘el perro’ López Portillo? Sorprendentes que son siempre sus Señorías… Y más aún cuando ordenan la libertad de los 12 macheteros de Atenco que en los disturbios de mayo del 2006 secuestraron y amenazaron de muerte a funcionarios y policías del Estado de México. Consideran sus Señorías que está acreditado el plagio, amenazas y ataques a las vías de comunicación, pero hiere sus delicadezas políticas e ideológicas la ‘desmesurada respuesta’ de la autoridad ante actos de desafío y desconocimiento de la autoridad por una turba armada, que según ellos tan sólo ejercía derechos de ‘libre expresión y reunión’ (¡!), con lo que se confieren a esos ‘líderes sociales emblemáticos’ privilegios legaloides especiales de intimidación que están vedados al común de los ciudadanos. Uno de los ministros (con minúscula) vio en esas sentencias “Una forma maquilladamente institucional de criminalizar la protesta social”… ¡Triunfa en México el machete, el secuestro y la amenaza sobre la Ley y el Orden! Y ni con quien quejarse…
Y, para endulzarnos la amarga píldora: Dice el gobierno que servicios públicos como el agua ‘potable’, gasolina y electricidad debe subsidiarlos por el alto costo de suministrar un litro de agua o gasolina, o un KW al consumidor. Cuando esas dependencias imiten lo hecho con Luz y Fuerza del Centro, se sorprenderán de que esos servicios son redituables y dejan utilidades a sus productores en todo el mundo… ¡Menos en México! Chistorete cruel, pues.